El sistema laboral argentino se caracteriza por una alta presión impositiva sobre el empleo formal, lo que genera un encarecimiento de la contratación, incentiva la informalidad y limita la competitividad de las empresas. En este contexto, resulta fundamental explorar alternativas que reduzcan el costo laboral sin comprometer la recaudación fiscal ni afectar la sustentabilidad del sistema de seguridad social.